En los últimos días la Ley 19.928 sobre Fomento de la Música Chilena ha entrado nuevamente en polémica. Las modificaciones al citado cuerpo legal han puesto otra vez en tela de juicio la forma en cómo el Ejecutivo ha decido fomentar la música nacional.
En esta oportunidad, la discusión se ha centrado en los requisitos a cumplir por los conciertos y eventos musicales masivos (entiéndase a aquellos que buscan congregar a más de 3000 personas de público) que se presenten en el país. El proyecto, respaldado por el Consejo de la Cultura y las Artes más la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, busca imponer la presencia de teloneros chilenos en espectáculos o conciertos internacionales, para que de esta manera las productoras puedan acceder al beneficio de la exención tributaria. De no cumplir con la prerrogativa, quienes organicen tales eventos se expondrían a multas que van desde los 50 a 100 UTM.
Tal iniciativa legal se asemeja, por lo menos en principios, a lo relativo con el 20% de música chilena en las radios nacionales.
En dichos recientes, la ministra Claudia Barattini (CNCA) ha señalado que ambas acciones legislativas contribuirán a la valoración y el fomento de la creación musical en nuestro país, pero ¿es la imposición la vía más óptima para la difusión de los músicos y artistas nacionales? ¿acaso nuestros ministros y legisladores no son conscientes del despegue que han tenido nuestros artistas tanto en tierras locales como extranjeras?
Ya es un hecho el enorme ascenso que ha tenido la escena musical chilena en la actualidad. El uso de Internet y las distintas plataformas que éste ofrece (Soundcloud, Spotify, Facebook, Twitter, Myspace, entre otras) han sido una herramienta trascendental para los numerosos artistas que hoy en día dan que hablar, músicos que recorren los más diversos estilos, y que por lo demás, ya cuentan con una considerable cantidad de fans. Basta recordar la multitudinaria asistencia que tuvieron los últimos conciertos de Nano Stern, Gepe o Francisca Valenzuela en el Teatro Caúpolican, el reconocimiento internacional de Anita Tijoux en los Premios Grammy, la gran llegada y aceptación que tuvieron en su tiempo los extintos Bunkers en México, o la gran convocatoria de artistas nacionales en cada versión del festival Lollapalooza y que en su siguiente versión es, sino, uno de los aspectos que más destaca al ver su cartel.
Si el panorama actual se nos presenta así de favorable, el surgimiento de estas leyes «pro música chilena» no hacen más que invadir, en el caso de las radioemisoras, la libertad de expresión propia del medio como de su contenido editorial. En lo que respecta a los conciertos internacionales, considerar al artista chileno como telenoro sólo para acogerse a la exención tributaria, afecta al punto de desmerecer el producto nacional. Calidad hay, y el reconocimiento de ésta no debe valerse por las órdenes de una Ley o la amenaza de una multa.
Nadie niega o pone en discusión la responsabilidad y el compromiso que debe tener un gobierno o la misma SCD por rescatar, fomentar, divulgar, estimular, promover, apoyar, etc. la música y en general, las expresiones artísticas chilenas, más aún, si son parte fundamental de la construcción de nuestra identidad cultural. En ese sentido, la solución está en crear medidas que busquen efectivamente impulsar la actividad de quienes son parte de la escena musical, teniendo en cuenta los tiempos en los que nos encontramos y las múltiples posibilidades de difusión que han surgido.
La defensa y valoración del material cultural del país nunca debe ir de la mano de la imposición y la obligación forzada. Tal parece en este caso, que otra vez más ha prevalecido la fuerza ante la razón.
